Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la causa conocida como "Vialidad", relacionada con irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Todo el recorrido de la causa en la Justicia hasta la confirmación de la Condena.
El proceso comenzó en 2016, cuando se inició la investigación por presunto desvío de fondos públicos hacia empresas de Lázaro Báez, un empresario cercano a la familia Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, dictó la condena, considerando que Fernández de Kirchner lideró una maniobra fraudulenta que perjudicó al Estado en unos 84.000 millones de pesos. El fiscal Diego Luciani había solicitado 12 años de prisión y la inclusión del delito de asociación ilícita, aunque este último fue descartado.
La defensa de Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, apeló la sentencia, y en noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, ratificó la condena por mayoría, confirmando los seis años de prisión y la inhabilitación perpetua, pero nuevamente desestimó el cargo de asociación ilícita. La expresidenta denunció en todo momento ser víctima de "lawfare", una persecución política y judicial, y anunció que apelaría ante la Corte Suprema de Justicia. Durante este período, el procurador general Eduardo Casal y el fiscal Mario Villar pidieron a la Corte que se considerara agravar la pena a 12 años, incluyendo el delito de asociación ilícita.
El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia, compuesta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Fernández de Kirchner, confirmando la condena del Tribunal Oral Federal N° 2. El fallo, de 27 páginas, sostuvo que se respetó el debido proceso y que la prueba era suficiente, dejando firme la sentencia. Días antes, la Corte había desestimado una recusación contra Lorenzetti planteada por la defensa, que lo acusaba de parcialidad. Este rechazo permitió al tribunal avanzar rápidamente hacia la resolución definitiva.
Debido a su edad (72 años), Fernández de Kirchner es elegible para cumplir la pena en prisión domiciliaria, según la legislación argentina. La confirmación de la condena también implica que no podrá presentarse como candidata en futuras elecciones, frustrando sus planes de competir en los comicios legislativos de 2025 en Buenos Aires. La expresidenta, líder del Partido Justicialista, mantuvo su narrativa de persecución política, comparándose con figuras como Lula da Silva, y movilizó a sus seguidores, quienes realizaron protestas en las calles. El fallo marcó un hito histórico, siendo la primera vez que una expresidenta argentina enfrenta una condena firme por corrupción
Otros casos de corrupción
En Argentina, además del caso de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, otros casos de corrupción recientes han marcado la agenda judicial, involucrando a figuras políticas de alto perfil y grandes sumas de dinero. A continuación, se resumen algunos de los más relevantes, con énfasis en los procesos judiciales, actores involucrados y el rol de los tribunales, incluyendo la Corte Suprema cuando corresponde, en no más de cuatro párrafos:
Uno de los casos más emblemáticos es el de Lázaro Báez, empresario cercano a los Kirchner, condenado en 2021 a 12 años de prisión (reducida a 10 en 2024) por lavado de dinero en la causa conocida como "La Ruta del Dinero K". El Tribunal Oral Federal N° 4, con los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Adriana Palliotti, determinó que Báez lavó unos 55 millones de dólares provenientes de sobreprecios en obras públicas. La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, reveló una red de empresas fantasma y movimientos financieros en el exterior. En mayo de 2025, la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó la condena, rechazando los recursos de la defensa, lo que consolidó un precedente contra la impunidad en casos de corrupción.
Otro caso significativo es el de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, condenado en 2018 a cinco años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta en la tragedia de Once, un accidente ferroviario en 2012 que dejó 52 muertos. El Tribunal Oral Federal N° 4, con los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Íñiguez, lo encontró responsable por no controlar la concesión de Trenes de Buenos Aires (TBA). La Cámara Federal de Casación Penal, con jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, ratificó la sentencia en 2020. Además, De Vido enfrenta múltiples causas, incluyendo la de los "Cuadernos de las Coimas", donde el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli investigaron sobornos millonarios en obra pública, aunque este caso aún no tiene condena firme.
El caso Cuadernos de las Coimas, destapado en 2018, es otro pilar en las investigaciones de corrupción. Basado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, detalla un supuesto sistema de coimas pagadas por empresarios a funcionarios kirchneristas. El juez Bonadio procesó a decenas de personas, incluyendo a Cristina Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita. El fiscal Stornelli impulsó la causa, que aún está en etapa de juicio oral, con el Tribunal Oral Federal N° 7 (jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero) a cargo. Aunque no ha llegado a la Corte Suprema, la magnitud del caso, con más de 100 procesados, lo convierte en uno de los más complejos, con avances lentos debido a recursos y maniobras dilatorias.
Finalmente, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime fue condenado en 2015 a seis años de prisión por defraudación en la compra de trenes y por el accidente de Once, entre otros delitos. El Tribunal Oral Federal N° 2, con jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, dictó la sentencia, que fue confirmada por la Casación Penal. Jaime también admitió recibir coimas de la empresa Terminal de Buenos Aires (TEBA) y beneficios de Trenes de Buenos Aires (TBA), investigados por el juez Norberto Oyarbide. Aunque no llegó a la Corte Suprema, su caso refleja la impunidad en el sector transporte durante el kirchnerismo. Según datos de la ACIJ, de 1.784 causas de corrupción en Argentina, solo el 12% llega a juicio oral, evidenciando la lentitud judicial y la influencia política en estos procesos.
por Christian Cetrari
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