El Municipio de Vicente López suspendió el Transporte del Bicentenario, el servicio gratuito de colectivos comunal que operaba desde 2011, a partir del 26 de enero de 2026 y por todo el año.
La medida, adoptada por la gestión de la intendente Soledad Martínez, se fundamenta en una "evaluación" del sistema, aunque en la práctica representa el cierre temporal —o definitivo, según críticos— de una línea que conectaba barrios del oeste y el este del distrito durante 15 años. Según el comunicado oficial del Municipio, el servicio registraba menos de 600 pasajeros diarios, la mayoría de los cuales no serían vecinos de Vicente López. Además, se destaca un costo operativo anual superior a los 2.300 millones de pesos, lo que lo tornaría "injustificable en relación con su impacto real". Desde el Ejecutivo local enfatizaron que se prioriza la "administración eficiente de los recursos públicos" y que los fondos municipales —provenientes del pago de tasas— deben destinarse exclusivamente a las necesidades actuales de los vecinos del distrito. Indicaron que el transporte fue creado hace más de 20 años, "cuando las necesidades eran otras", y que no se sostendrán prestaciones de bajo impacto. Sin embargo, la decisión generó fuerte rechazo y contradicciones con anuncios previos: el Presupuesto 2026 incluía una partida específica para el servicio, y semanas atrás se habían comunicado inversiones en mejoras como cámaras de seguridad, botones de pánico y wi-fi.
Creado por ordenanza del Concejo Deliberante en abril de 2011 durante la gestión de Enrique "Japonés" García y sostenido luego por Jorge Macri, el Bicentenario tenía un enfoque de perspectiva de género —era conducido íntegramente por mujeres— y facilitaba el acceso gratuito a hospitales, la Maternidad Santa Rosa, centros de jubilados, lugares de estudio y trabajo para sectores vulnerables sin otras opciones directas de transporte.
Tras la suspensión efectiva el 26 de enero, usuarios, organizaciones sociales, jubilados y el Sindicato de Trabajadores Municipales se movilizaron frente al Palacio Municipal. Reclamaron la reversión de la medida, garantías laborales y salariales para las choferes y el personal afectado (quienes, según el Municipio, serán reubicados en otras áreas). Una organización vecinal impulsó una junta de firmas y denunció que la interrupción profundiza desigualdades, dificulta la integración urbana y se tomó sin diálogo previo ni evaluación de alternativas. La polémica reabre el debate sobre prioridades en el uso de recursos públicos en un municipio de altos ingresos pero con marcadas disparidades internas. Mientras el oficialismo defiende la racionalización fiscal, opositores y usuarios cuestionan el cierre de un servicio emblemático que articulaba la conectividad social en el distrito.
Impacto laboral inmediato
No hay despidos confirmados: El Municipio aseguró oficialmente que las trabajadoras conservarán su fuente laboral y salario, sin reducciones. Serán reubicadas en otras áreas municipales, aunque hasta fines de enero de 2026 no se detallaron los destinos concretos ni las condiciones específicas de traslado (horarios, funciones, etc.).
Reclamos del sindicato:
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL) exigió garantías formales por escrito para la continuidad laboral plena. Durante las protestas frente al Palacio Municipal (convocadas por usuarios, jubilados y organizaciones sociales), el gremio reiteró la preocupación por posibles afectaciones indirectas, como cambios en condiciones de trabajo o inestabilidad en la reasignación.
Preocupaciones y críticas
Sectores opositores (Frente Renovador, Unión por la Patria y organizaciones vecinales) cuestionaron que, pese a la promesa de reubicación, la medida genera incertidumbre para un grupo vulnerable: mujeres trabajadoras en un empleo estable y con perspectiva de género. Se argumenta que la interrupción del servicio no solo afecta a usuarios (acceso a salud, trabajo y estudio), sino que desmantela una política inclusiva de 15 años.
Medios y redes destacaron el contraste: mientras el oficialismo defiende la racionalización de recursos (costo anual > $2.300 millones vs. bajo uso), críticos ven un retroceso en equidad de género y empleo femenino calificado en transporte.
En resumen, el impacto principal en las choferes no es la pérdida del puesto (al menos según lo comunicado por la comuna y el sindicato), sino la ruptura de un esquema laboral emblemático y la incertidumbre sobre cómo se traducirá la reubicación en su día a día. La polémica sigue abierta, con protestas y pedidos de diálogo para evaluar alternativas antes de una posible discontinuidad definitiva.
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